Minuta Agropecuaria | 08 Sep 2021
Según la firma Aristimuño Herrera & Asociados en su informe del mes de julio, publicado en el portal Banca y Negocios, la situación de inseguridad jurídica de la tierra para la producción agropecuaria sigue siendo extremadamente grave.
Explica el informe que las invasiones amparadas en actuaciones de las autoridades son frecuentes en los estados Barinas y Portuguesa.
Consideran los expertos que es necesario cambiar de manera radical las políticas de apoyo al sector agropecuario, “no es admisible que en una situación como la actual, la cartera agrícola sea de apenas 59,9 millones de dólares”, señala el informe.
El Instituto Nacional de Tierras (INTI) ha rescatado de manera jurídicamente irregular unas 3 millones de hectáreas a pesar que según las cifras del Centro de Estudios Agroalimentarios, han sido intervenidas alrededor de 9 millones de hectáreas productivas en Venezuela.
Las consecuencias de las intervenciones son destrucción y saqueo ya que de esa superficie “rescatada”, menos de 5% está productiva de alguna forma.
Dice el Centro de Estudios Agroalimentarios que el INTI y el Tribunal Supremo de Justicia amparados en disposiciones de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola que permiten desconocer la propiedad privada de la tierra por “titularidad insuficiente” (Art.82 LTDA) y, además, el TSJ emitió una sentencia en 2011 en la cual desaplicó el delito de invasión de predios agrícolas.
Es indispensable que, en el proceso de apertura económica y diálogo político que se llevan a cabo en el país, se tome en cuenta este problema que no se debate de manera suficiente vista su gravedad, porque los productores agropecuarios venezolanos trabajan en unas condiciones en extremo precarias.
Nora perdomo