Consejo de Seguridad de la ONU alerta sobre amenaza de hambruna en países en conflicto

Los datos más recientes indican que, tras casi una década de descensos, el número de víctimas del hambre en el mundo ha comenzado a aumentar, con 815 millones de subalimentados crónicos en 2016. En 2017, unos 124 millones de personas requirieron ayuda alimentaria y para sus medios de subsistencia para evitar el riesgo de caer en una situación de hambruna, en comparación con 108 millones en 2016.

“Los conflictos son la causa principal de esta reversión”, señaló el responsable de la FAO, José Graziano da Silva quien recordó que cerca del 60 por ciento de personas que padecen hambre viven en países afectados por conflictos.

“Mediante esta Resolución -añadió- el Consejo de Seguridad lanza un mensaje claro a todas las partes en un conflicto armado: deben proteger a los civiles, incluidos sus medios para producir o acceder a los alimentos, como son granjas, mercados, sistemas hídricos y medios de transporte”. “También se llama a las partes del conflicto para que no amenacen la supervivencia de la población civil al privarla de cultivos, ganado y otros activos de gran importancia”, aseguró.

Concluyó que los sistemas agrícolas y alimentarios se ven gravemente afectados por los conflictos y la inestabilidad, «pero siguen siendo sumamente resilientes. Sin embargo, cuando se pierden estos sistemas, es casi imposible reconstruirlos”, advirtió el Director General de la FAO.

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad en su 8267ª sesión, celebrada el pasado 24 de mayo de 2018 expresa en uno de sus puntos que condena enérgicamente la denegación ilícita de acceso humanitario y que se prive a la población civil de bienes indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente el suministro de socorro y el acceso para llevar a cabo labores de respuesta a la inseguridad alimentaria originada por conflictos en situaciones de conflicto armado, lo cual puede constituir una violación del derecho internacional humanitario.

Asimismo, recuerda que tras la aprobación puede considerar la aplicación de sanciones, cuando proceda y «en consonancia con la práctica vigente, aplicables a personas o entidades que obstaculicen la entrega de asistencia humanitaria, o bien el acceso a esta o su distribución».