Ing. Agr. Saúl E. López M.
Observatorio del Derecho a la Alimentación en Venezuela
El desabastecimiento y escasez de alimentos fueron consecuencia de políticas desacertadas que los venezolanos empezaron a padecer desde el año 2011, que se fue acentuando cada año, hasta llegar a la cumbre este 2017. Los problemas nutricionales, bien sea obesidad, o malnutrición, subnutrición o desnutrición, son flagelos que los gobiernos deben combatir con políticas públicas que promuevan el derecho a la alimentación y garanticen la seguridad alimentaria, tal como está establecido en la Constitución (1999).
Desde el año 2010 se empezó a evidenciar en la población un fenómeno denominado “Hambre oculta” donde aparentemente las personas se alimentaban de forma balanceada, pero realmente tenían deficiencias de micronutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo. En el año 2013, se agudizaron los problemas de disponibilidad y acceso de alimentos, generando una crisis alimentaria en los sectores más vulnerables. La respuesta del Gobierno nacional fue acusar a una “Guerra económica” propiciada por los factores económicos privados nacionales y extranjeros.
Desde el 2013 hasta el 2017 la crisis se acentuó a niveles nunca experimentados, con cifras alarmantes de malnutrición, subnutrición desnutrición severa y mortalidad infantil, y otras consecuencias de disminución en el consumo (9,6 millones de venezolanos sólo comen 2 veces al día) o personas consumiendo desperdicios de alimentos (14 de cada 100 venezolanos están comiendo de la basura).
Para este año 2017, la Red Global FSIN reconoció que Venezuela no tiene suficientes datos para
medir los niveles de seguridad alimentaria, hay inconsistencia en información disponible y pronostican una emergencia alimentaria. Un informe presentado por Carita Venezuela, expone que el 33 % de los niños menores a 5 años presentan retardo de crecimiento a causa de la desnutrición y el 54 % de los niños tiene algún nivel de deficiencia nutricional. El daño afectivo, cognitivo y metabólico de tener hambre y desnutrición en la primera infancia es para siempre.
Ante este escenario alarmante, el Gobierno Nacional vuelve a justificar la crisis alimentaria con un bloqueo o sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos que le impediría adquirir alimentos y medicinas, para evadir su responsabilidad como Estado. La población venezolana tiene 5 años padeciendo de desabastecimiento, escasez, hiperinflación (pagando 155 veces más por la canasta alimentaria), inseguridad, entre otros.
La alimentación no es un beneficio, es un DERECHO y debe garantizarse la disponibilidad, acceso y
estabilidad permanente. El hambre no es nuestro destino, es una dolencia totalitaria.