Fernando Camino Peñalver
@fernandocaminop
La Gobernanza se define como “las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, para generar oportunidades y solucionar los problemas de los ciudadanos, y para construir las instituciones y normas necesarias para generar esos cambios”.
Esa misma palabra extrañamente la utilizo el régimen para amenazar a todos los productores, transportistas, industriales y comerciantes que hacen posible que la poca carne que producimos llegue a la mesa del consumidor.
El gobierno desconoce el término porque no diseña ni aplica políticas acertadas, ni ha interactuado ni ha llegado a ningún acuerdo con los integrantes del circuito cárnico para hacer accesible la oferta de carne a nuestra población.
Ha hecho todo lo contrario: mantiene políticas macroeconómicas que inciden en la destrucción del poder adquisitivo del consumidor, sigue irrespetando la propiedad, continúa aplicando mecanismos de control al libre mercado y mantiene cerradas todas las puertas a la concertación con el sector de la producción privada de alimentos.
El desagradable episodio de la carne, puesto en escena ahora por el régimen, no obedece a distorsiones de la comercialización, es un problema que sufre la gran mayoría de la población y el sector productivo: El casi inexistente poder adquisitivo devorado por la hiperinflación y al aumento desmedido que presiona casi a diario los costos de producción del circuito cárnico.
El régimen interviene todas las actividades del circuito cárnico porque es la única manera que puede disponer de la poca carne que se produce al precio que quiera, donde quiera y cuando quiera. Lo que pasa es que el régimen quiere eludir su responsabilidad de subsidiar al consumidor de la población más vulnerable y coloca este subsidio bajo responsabilidad de los productores, de los industriales y de los expendedores de carne, despojándolos de sus bienes y servicios para ofertarlos por debajo de su costo de producción. Lo que muy probablemente va a pasar es que el país simplemente se quede sin carne.
Un Estado responsable, no destruye la capacidad de producción de ningún sector, más bien lo estimula con políticas públicas acertadas y garantiza su permanencia y crecimiento mediante la seguridad jurídica. Tampoco manipula con fines políticos ni elude su responsabilidad de proteger a su población más vulnerable.
Un Estado responsable mantiene un equilibrio en las políticas macroeconómicas y permite la existencia de un banco central independiente que actué apegado a la norma y a la disciplina económica en defensa de la estabilidad de la nación.
El causante de que exista una hiperinflación que vuelva “sal y agua” cualquier aumento de salario, por muy elevado que este sea, es el régimen porque le ha faltado ética y responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones. El gobierno no puede eludir su culpa de que más del ochenta por ciento de la población, no pueda pagar un kilo de carne vendido a un precio que es su justo valor y que le garantice rentabilidad a quienes hacen posible que esa carne exista. Eludir esta realidad económica es terminar definitivamente con la oferta de carne nacional. Mientras exista un gobierno como éste, incapaz de poner a producir al país, no habrá esperanzas de alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda.