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Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer
Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ
@WernerGutierrez

La incapacidad de la empresa estatal Agropatria para dar respuesta a las necesidades de agroquímicos del sector agropecuario nacional ha generado un mercado ilegal de plaguicidas, productos químicos de común uso para el control de plagas, enfermedades y malezas en los cultivos. Esta situación es en extremo grave, con posibles repercusiones en la salud de los usuarios, consumidores finales y en el ambiente.

En esta oportunidad me referiré a dos productos. El 2,4 – D, herbicida de uso para el control de malezas en potreros y algunos cultivos, y el glifosato, herbicida de amplio espectro empleado en diversos cultivos. El 2,4 – D, Agropatria lo distribuye bajo el nombre comercial 2,4 – D Amina, formulado como liquido soluble en agua en dos concentraciones, 480 y 720 gramos de ingrediente activo por litro.

El glifosato, lo vende bajo el nombre comercial Glyfosan, formulado como liquido soluble en agua, 480 gramos de ingrediente activo por litro.

La situación irregular se origina, ya que ambos herbicidas se están comercializando en el mercado informal bajo una formulación sólida en sacos de 25 kilogramos con 98 % de pureza de ingrediente activo, es lo que se conoce
según el Reglamento General de Plaguicidas de Venezuela como “Producto Grado Técnico”. Legalmente el mismo no puede ser usado directamente en campo. Se presume, que estos herbicidas comercializados de forma ilegal, están
siendo sustraídos de esta empresa estatal por su personal.

Son elevados los riesgos al usar este tipo de productos. Tanto el herbicida 2,4 D Amina, y el Glyfosan, como Producto Grado Técnico, poseen un nivel toxicológico mayor a las formulaciones legalmente autorizadas, pudiendo generar serios problemas de salud a los usuarios e incluso a los habitantes de zonas vecinas.

Desde el punto de vista ambiental, se está corriendo el riesgo de causar daños a la vida silvestre, e impactos desfavorables sobre los microorganismos del suelo, generando su acumulación por largos períodos de tiempo. En el caso particular del 2,4 D amina, es posible que sea lixiviado hasta las aguas subterráneas.

A quienes están adquiriendo estos herbicidas como Producto Grado Técnico, es importante señalarles que los mismos son traídos al país, bajo permisología especial por las casas comerciales registradas y autorizadas ante el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) como empresas formuladoras de plaguicidas, tal es el caso de Agropatria. Solo estas empresas poseen en sus instalaciones los equipos para obtener el herbicida comercial de una manera segura, a partir del Producto Grado Técnico. Si alguien “formula” de manera empírica un herbicida, está colocando en riesgo su salud y la de las personas que manipulen el producto final. Durante este procedimiento pueden generarse una serie de metabolitos que son cancerígenos.

Otra situación irregular en Agropatria, es la comercialización de los herbicidas 2,4 D Amina y Glyfosan en bidones o totem de 1000 litros, con etiquetas que no cumplen lo establecido en el Reglamento General de Plaguicidas y en las normas COVENIN. Argumentan que utilizan esta presentación ante la escasez de los envases en los cuales se comercializaba este producto. Debemos recordar que la expropiada Agroisleña, hoy Agropatria, producía sus propios envases según las regulaciones internacionales.

Agropatria viola expresamente el artículo 24 de este reglamento que establece “Se prohíbe el trasegado y reenvasado de plaguicidas en envases distintos a los originalmente aprobados para su presentación a la venta”, generando que
diversos vendedores reenvasen el 2,4 – D Amina y el Glyfosan que viene en estos bidones y vendiéndolo en envases no autorizados, arriesgando la salud de las personas que realizan este procedimiento. Adicionalmente, el material del cual está elaborado este bidón o tótem, no cumple las recomendaciones internacionales para el envase de agroquímicos, y los mismos, una vez extraído el herbicida, están siendo utilizados para el transporte de agua para consumo, e incluso para la recolecta de leche en las fincas.

La comercialización ilegal de estos herbicidas deja al descubierto la quiebra y corrupción dentro de Agropatria, y el incumplimiento del gobierno nacional en su responsabilidad de proteger la salud pública y el ambiente. Existe inacción y complicidad de las autoridades competentes en el ingreso y comercialización ilegal de plaguicidas en el mercado informal. Nos resta apelar al sentido común y responsabilidad de nuestros productores y profesionales, les pido denunciar la existencia de estos productos ante el INSAI, organismo que debe decomisarlos e inmovilizarlos y aplicar los correctivos necesarios, incluso dentro de la propia Agropatria. Lo contrario, es dejar indefenso al pueblo venezolano.

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