La oferta de alimentos como Política de Estado

Fernando Camino Peñalver
@fernandocaminop

Más allá de la urgencia de superar la grave crisis humanitaria, que diezma nuestra población a causa de la escasez y carestía de los alimentos, se requiere de una solución permanente para resolver definitivamente el tema de la oferta de alimentos y de la nutrición en nuestro país. Para ello, es fundamental establecer una Política de Estado que involucre a todos los poderes públicos, al sector privado y a la academia, con la finalidad de crear una estructura institucional que perdure y no esté sujeta a la posible improvisación del gobierno de turno.

El diseño de una Política de Estado para el pleno abastecimiento de alimentos debe dar prioridad a la producción nacional, tomando en consideración nuestras condiciones agrológicas y las limitaciones coyunturales que pueda afectar la producción. Es fundamental que la producción se efectúe en armonía con el medio ambiente donde se desarrolle. El desarrollo sustentable debe ser factor principal de la nueva política de oferta de alimentos a nuestra población.

Un factor esencial de esta política es el marco legal que garantice seguridad jurídica a los productores, como el derecho a la propiedad y la libertad económica establecida en nuestra constitución. El marco legal debe también, como principio fundamental de la seguridad alimentaria, garantizar a nuestra población el derecho a disponer de una oferta de alimentos en excelentes condiciones sanitarias y nutricionales de forma suficiente y oportuna.

Es necesaria la organización institucional pública del sector, mediante la creación de un organismo rector de la producción y el abastecimiento. De esta manera, se resolverá la duplicidad de funciones y la actividad pública en labores inherentes a la actividad privada.

El ente rector dentro del marco de la política de descentralización, coordinará con los gobiernos regionales y municipales, la transferencia de recursos y la aplicación de políticas públicas tendientes al desarrollo de la producción de alimentos en cada una de las regiones.

La distribución y la comercialización de los alimentos, dentro de la nueva normativa legal, deben estar sujetas a la actividad de la oferta y la demanda. Su regulación será para evitar monopolios, oligopolios y la preservación de las condiciones sanitarias y nutricionales.

Deberá existir una relación armónica entre la producción nacional y las importaciones, tanto de materia prima como de productos manufacturados. Esta relación deberá ser articulada mediante una comisión tripartita, conformada por el sector agrícola, la agroindustria y el sector comercio. El gobierno nacional solo actuaría como mediador de esta comisión.

Un factor primordial de la nueva política de producción de alimentos, será el respeto al derecho del productor a tener rentabilidad de lo que produce. La rentabilidad aumenta la propensión a invertir en tecnología, para mejorar la productividad. Si tenemos rentabilidad en la producción, aumenta la oferta y estimula la competencia. A mayor oferta, mejores precios en todo el circuito de comercialización y por supuesto, para el consumidor.

Cuando una actividad económica es rentable, se convierte en una inversión atractiva para el sector financiero. Si la producción de alimentos mejora mediante el uso de tecnología de punta y la utilización de insumos y maquinarias a tiempo, no existirá dificultad para que la actividad aseguradora pueda ampliar su cobertura hacia este sector.

El sector financiero público debe ser transformado para convertir el Fondo de Desarrollo Agrícola Socialista (Fondas) en un una institución financiera de segundo nivel. Esta institución dará apoyo a la banca privada, a la banca pública y a los fondos regionales, en el otorgamiento de créditos a largo plazo para financiar la infraestructura de la producción de alimentos. El Banco Agrícola de Venezuela dará prioridad en sus líneas de financiamiento a los agrotécnicos y productores que estén imposibilitados para ser sujetos de la banca comercial.

Existen muchos proyectos para resolver el déficit de la oferta de alimentos, pero consideramos que debemos coincidir que sin un compromiso, de parte de los poderes públicos nacionales para asumir la oferta de alimentos como Política de Estado, quedaremos a merced del libre albedrio del gobierno de turno. Es por ello, que tiene que existir la normativa legal y los lineamientos de políticas públicas, para la solución definitiva de este problema tan importante para la supervivencia de nuestra población.