El Gobierno español aprobó este martes un paquete de medidas para aliviar la crisis de precios de la agricultura y la ganadería, tras casi un mes de protestas callejeras de profesionales de estos sectores productivos.
El Ejecutivo, que preside el socialista Pedro Sánchez, modificó la Ley de la Cadena Alimentaria para obligar a incluir en los contratos que los agricultores firman con fabricantes y supermercados el coste de producción original, de forma que el precio final nunca pueda ser inferior y eliminar la llamada «venta a pérdidas en toda la cadena» alimentaria.
Desde el pasado 28 de enero, miles de agricultores y ganaderos se manifiestan sucesivamente en varias ciudades y provincias contra los precios que cobran por las cosechas, convocados por las principales organizaciones agrarias españolas: COAG, UPA y Asaja.
Lo que se paga en origen, argumentan, no cubre gastos, pues se mantiene igual que hace 20 o 30 años, mientras que el coste de la mano de obra, semillas, fertilizantes, energía, talleres mecánicos o maquinaria se han multiplicado en este mismo tiempo. Y, sin embargo, el precio de los productos sube y sube hasta que llega a las tiendas.
La situación del campo es «insostenible», según agricultores y ganaderos, y se vería agravada si se confirma un fuerte recorte de las ayudas de Política Agrícola Común (PAC) cuando se apruebe el Presupuesto de la Unión Europea del período 2021-2027.
EFE