Políticas alimentarias en escenarios de crisis y vulnerabilidad

Ing. Saúl Elías López
Especialista en Economía Agrícola
Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y afines
Colegio de Ingenieros de Venezuela

Ante el escenario la crisis alimentaria severa que vive nuestro país, que se refleja en el Reporte Global sobre crisis alimentaria que nos posiciona en el 4to lugar de países con mayores niveles de inseguridad alimentaria con 9,3 millones de venezolanos, debemos enfatizar la importancia de la industria de alimentos para el sistema agroalimentario, ya que coloca en la mesa 66% de lo que precariamente estamos consumiendo y además es el sector que más capitales ha repatriado para mantener operaciones, mantenerse en el mercado y abastecer a la población. El hecho en Venezuela fue posible, no sólo por la actividad primaria sino por la capacidad de la agroindustria de procesar materias primas y abastecer la población e inclusive exportar al mercado internacional, cómo lo ocurrido con la pasta.

Las medidas de regulación de precios son políticas que han tomados algunos países de la región de América Latina y el Caribe para garantizar el acceso de alimentos a la población más vulnerable, sin embargo, para un país como Venezuela que se encuentra en un contexto de emergencia humanitaria compleja, con incertidumbre económica y sin una política monetaria y fiscal transparente y manejada institucionalmente; se hace inviable y por el contrario atenta contra la seguridad alimentaria de la población, en su hito histórico más vulnerable. Lo exiguo del aumento salarial que claramente impide el acceso a los alimentos, que es la segunda dimensión de la seguridad alimentaria, evidencia una vez más la incapacidad de generar soluciones en medio de las condiciones que nos alertar de una PREHAMBRUNA.

En el contexto mundial tenemos una caída en los precios de los commodities agrícolas para el caso del maíz ($160 USD/TM) y el trigo ($222 USD/TM), pero en alza para el arroz ($405 USD/TM), lo que implica que se deben tomar decisiones políticas que permitan mejorar la situación en el país, tales como: importación libre de impuesto del maíz y el trigo, acciones de protección social, reactivación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) e impulso a la producción primaria de arroz, considerando que será muy rentable y que tenemos un Know How que generará altos
rendimientos y posibilidades de ingresar al mercado internacional para exportar para adquirir otros commodities.

Todos actores del sistema agroalimentarios deben asumir que el rentísmo agrícola llegó a su fin, en el que los costos de producción son similares a los costos internacionales, por ejemplo en maíz se estima para éste ciclo productivo de invierno (Mayo – Noviembre) sea de $900 USD/hectárea lo que implica que el rendimiento debe ser de 3900 kg/ha con una utilidad de 20%, sin regulación de precio; y para el caso del arroz el costo de producción es de $1500 USD/ha, por lo que el rendimiento debe superar los 5500 kg/ha. Esto parece un reto difícil cuándo obtuvimos los rendimientos promedios por hectárea del año 2019 fueron de 2500, sin embargo asumiendo algunas consideraciones se puede romper la brecha, algunas son: promover el asociativismo, incorporar ciencia, tecnología y acompañamiento técnico en las estructuras de costo, capacitación del talento humano y construcción de cadenas de valor.

Finalmente hacemos un llamado a los tomadores de decisiones para que rectifiquen las medidas de regulación de precios que atentan contra la seguridad alimentaria ya deteriorada y altamente vulnerable, considerando: 1) la necesidad de garantizar el acceso del combustible a los productores de alimentos perecederos (hortalizas, frutas, raíces y tubérculos) para que no se pierdan más cosechas y promover la comprar por parte de las agroindustrias en manos del Estado y/o privados, 2) homologar los ganancias de productores referenciados con otros países de la
región, por ejemplo en el caso de la producción de carne, el precio al detal cuadruplica el precio en pie, cuándo debería ser el 33% del precio final y así en otros rubros agrícolas y 3) priorizar al consumidor que no debe pagar más por intermediación o especulación, siendo el 4to ciudadano  más vulnerable del mundo.